La descentralización en estos últimos tiempos ha despertado
mucho interés y expectativas al interior de cada una de las
localidades del país y representa sin lugar a duda, un vehículo
para lograr el ansiado desarrollo. A lo largo de varias décadas;
nuestro país ha experimentado procesos y tendencias que lo
han llevado a la más absoluta centralización y concentración
de las principales actividades económicas en la capital, desalentando
muchas veces el desarrollo económico y productivo en los departamentos
del interior del país y principalmente por la falta de un modelo
regional de crecimiento económico de largo plazo e inexistencia
de planes estratégico de desarrollo territorial.
Los intento por regionalizar a inicios de los noventa, ocasionó
en la población, otra vez más desilusión y frustración;
debido a la ineficiencia, burocracia e inoperancia del asambleismo
regional – demasiada representatividad de organizaciones sociales,
económicas y políticas en el gobierno regional –
en las que predominaba la discusión política improductiva,
lo que motivo posteriormente la desaparición de estos cortos
gobiernos regionales. La centralización de las decisiones del
Estado durante el gobierno de Fujimori; llegó a convertirse
tan crítico que cerca del 95% del presupuesto público
eran administrados y manejados por el gobierno central y 5% destinado
a los gobiernos locales (AMPE, 1999).
El nuevo intento de descentralización que se inicio en nuestro
país el año 2003, tiene que ser concebido y entendido
como un proceso continuo, gradual, de carácter permanente,
dinámico y participativo que tiene por finalidad lograr el
desarrollo integral, armónico y sostenible del país
en beneficio de la población. Se requiere para ello, garantizar
en el largo plazo, la consolidación de este proceso –
países como España, Colombia, Chile y Bolivia continúan
aún consolidando este proceso iniciado años atrás
– no hay que pretender que en un corto periodo la descentralización
trasformará por completo la estructura económica, social
y política de las regiones; esto indudablemente requerirá
del entendimiento y esfuerzo de los actores e instituciones. Para
ser viable y sostenible durante los próximos años este
proceso, es indispensable contar con una visión de desarrollo
de largo plazo, de aprovechar las reales potencialidades de cada una
de las regiones, acompañadas de una gestión pública
moderna, eficiente, transparente y participativa.
La Ley de bases de la Descentralización [1],
considera aspectos fundamentales para lograr el desarrollo regional;
dentro de éstas destacan que a nivel económico, lograr
el desarrollo y competitividad de las regiones; a nivel administrativo,
modernización y eficiencia de la administración pública;
a nivel social, la participación ciudadana y el desarrollo
humano; y a nivel ambiental, el uso sostenible de los recursos naturales.
La experiencia de los procesos de descentralización en América
Latina [2] permite apreciar que aún
no hay indicios concluyentes de que ellos hubieran generado una tendencia
generalizada a la participación ciudadana, e incrementos significativos
y persistentes en términos eficiencia pública y reducción
de la corrupción. Si bien los procesos de desconcentración
han contribuido ligeramente a ampliar y mejorar la cobertura de los
servicios de educación y salud en países como Argentina,
Chile, Brasil y México; en muchos casos, ella ha dado lugar
también a notable diferencia entre territorios en términos
de infraestructura y equipamiento para la prestación de servicios
sociales e incluso en la calidad de estos servicios. Ni la descentralización
política ni los sistemas de redistribución territorial
que la acompañan han logrado reducir tendencias históricas
a la concentración territorial del ingreso en localidades altamente
desarrolladas y permanencia de la pobreza en regiones de escaso desarrollo.
En cambio, si hay indicios de que tales sistemas contribuyen a crear
desequilibrios presupuestarios como en Argentina y Brasil. En resumen,
de la experiencia de otros países, se puede afirmar que la
descentralización aún no ha generado, al menos no sosteniblemente,
los objetivos que se esperaba.
A nuestro entender, los tres principales problemas que se encuentran
las autoridades regionales es la excesiva burocracia, la falta de
profesionales calificados, y la adecuada ejecución del presupuesto.
Paralelamente a ello, los gobiernos regionales se enfrentan en lo
inmediato a enormes presiones y expectativas por parte de la población,
que de solución a los principales problemas de las regiones,
sobre todo la falta de empleo. Los principales desafíos y retos
que enfrentan las autoridades regionales, son sin lugar a dudas ¿Cómo
hacer que las regiones sean efectivamente competitivas? ¿Cómo
promover la inversión privada en las regiones? ¿Cómo
luchar contra la pobreza extrema?. Aquí planteamos algunas
alternativas sobre el particular.
Para hacer de las regiones realmente competitivas es condición
necesaria contar con el capital humano calificado, uso de pequeñas
y medianas empresas. Una estrategia que permite ser competitivos es
la especialización en aquellas actividades que puedan generar
el mayor valor agregado a la producción de bienes o servicios,
como la agroindustria, turismo, manufactura, entre otros.
Al abordar la competitividad y el desarrollo, el gobierno regional
tendrá un papel fundamental, constituyéndose en el factor
clave y estratégico, especialmente para la identificación
de oportunidades potenciales. La especialización de sus potencialidades
va a constituir un elemento crucial para el futuro desarrollo económico
de cada una de las regiones, que están en gran medida identificadas
en los planes estratégicos de desarrollo. Las políticas
de competitividad regional son generalmente más específicas
y de mayor eficacia.
El desarrollo competitivo local y regional está vinculado también
al concepto de desarrollo económico territorial [3]
que considera básicamente a la concertación entre organizaciones
económica, sociales, educativas y políticas del sector
público y privado en desarrollar y aprovechar en beneficio
colectivo ventajas competitivas locales respecto alas oportunidades
que ofrece la globalización a ello se puede agregar la condición
de “sustentable” [4].
Para promover la inversión privada, es indispensable, crear
un marco jurídico y económico estable y favorable hacia
la inversión de capitales nacionales y extranjeros propiciando
en mayor medida la participación de la inversión privada
en los grandes proyectos de gran envergadura intraregional e interregional.
La inversión privada ha mejorado ostensiblemente en estos últimos
años; favorecido por el crecimiento y la estabilidad de la
economía peruana. Un aspecto importante que deben considerar
es el referido a la dotación, y mejoramiento de la infraestructura
en las regiones, especialmente vial; que permitan la reducción
de los costos para acelerar el flujo de capitales a sus localidades.
Asistiremos en los próximos años hacia una dinámica
competencia por atraer cada vez más la inversión a las
regiones.
La pobreza es uno de los aspectos más críticos en las
regiones del país; sobre todo de aquellas localizadas en las
áreas rurales de la sierra y selva peruana. Para reducir la
pobreza extrema es importante la eficiencia del gasto social, focalización
concentrada de los beneficiarios de los programas sociales, que estos
lleguen efectivamente a los sectores más pobres, y el cambio
sustancial de políticas asistencialistas hacia programas de
desarrollo de capacidades humanas y productivas,; la mejor manera
de combatir la pobreza es generando riqueza. Actualmente, es lamentable
y contradictorio encontrar en muchos departamentos del país
la dualidad riqueza-pobreza, a pesar de contar con enormes recursos
y potencialidades; presentan altos índices de pobreza extrema.
Para logar el desarrollo de manera sostenida es necesario también
fortalecer las instituciones en la que garanticen la competencia,
sean facilitadoras del crecimiento equitativo; asegurando la gobernabilidad
regional y funcionalidad democrática. Los gobiernos regionales
deberán realizar su trabajo en adelante bajo los principios
básicos y fundamentales del desarrollo de eficiencia, referido
hacia el manejo óptimo del presupuesto regional y mejora sustancial
en la prestación de los servicios; transparencia, referido
al uso de medios de información, control y de fiscalización
ciudadana en la gestión regional y responsabilidad, de uso
racional y adecuado de los recursos naturales.
Finalmente el desarrollo y crecimiento económico de las regiones
tienen que ser de manera sostenida, acompañado de un proceso
redistributivo de oportunidades con la finalidad de mejorar los niveles
de bienestar, que permita el mejoramiento del empleo y las condiciones
de vida de los sectores menos favorecidos, pero para ello es necesario
plantear acciones concretas y de viabilización de los planes
estratégicos de desarrollo regional.
[1]
Ley Nº 27783. Ley de Bases de la Descentralización.
[2] Ivan Finot. “Descentralización y Participación
en América Latina: Una mirada desde la economía”.
ILPES, 2001
[3] Vásquez Baquero, A.
(1998). Desarrollo Local. Una estrategia de creación de empleo;
Boisier, Sergio (1997). El vuelo de una cometa, una metáfora
para una teoría del desarrollo territorial; publicado en Boisier,
S. Teorías y metáforas sobre le desarrollo territorial.
CEPAL; Alburquerque, Francisco (1997). Desarrollo económico
local y distribución del progreso técnico. CEPAL.
[4] El desarrollo sustentable: transformación productiva, equidad
y medio ambiente. CEPAL, 1991; Dourojeanni, Axel (1997). Prodecimientos
de gestión para un desarrollo sustentable (aplicables a municipios,
microregiones y cuencas). CEPAL. |
